Agenda parlamentaria de “De Frente con Venezuela”

Consideraciones generales

La reproducción de la polarización política hasta ahora existente en Venezuela, objetivo tanto del gobierno como de la MUD, no sólo se opone a los intereses de los venezolanos, sino que niega el pluralismo que significaría la presencia de otras fuerzas capaces de representar estos intereses, contribuyendo al desánimo mayoritario, congelando el liderazgo nacional y regional e intentando monopolizar el escenario político electoral del país.

En realidad, las direcciones del gobierno y las de los grupos políticos que han controlado la MUD se disputan el manejo político y económico del viejo modelo exportador de materia prima, con variantes en la distribución social de los recursos de allí provenientes, sin diferir en el propio modelo o enfrentar algunas de sus manifestaciones perversas.

Pero Venezuela sólo puede asegurarse una cierta autonomía en el mundo actual si desarrolla recursos estratégicos como la capacitación científica y técnica de segmentos crecientes de la población, la construcción de una fuente grande y efectiva de calificados profesionales, diseñando una reserva de tecnología avanzada, creando un sistema económico que le permita adaptarse a las innovaciones tecnológicas, promoviendo un fuerte ahorro e inversión internos, construyendo un sistema de ciudades con plétora de servicios y edificando un sistema de defensa nacional avanzado y relativamente autónomo. Los programas del PSUV y la MUD no marchan en este sentido y no es de extrañar los choques con los mismos obstáculos que tradicionalmente han trabado la construcción de un país y una ciudadanía mejor dotada intelectual y materialmente para enfrentar la creciente complejidad de este mundo. Este estado de cosas solo es explicable por un diseño social no explicito, pero muy poderoso, que ha estructurado la acción de los gobiernos venezolano desde 1958 hasta el presente.

Frente a esta situación, la acción fundamental de “De Frente con Venezuela” ha estado encaminada a la constitución de una Gran Alianza Nacional Alternativa GANA, que representase los intereses de los grupos políticos opuestos a la polarización existente y dominante en los últimos 17 años. El esfuerzo realizado no culminó en el objetivo deseado. Se concretó en una alianza, imperfecta en relación a sus organizaciones integrantes en las distintas regiones, pero lo suficientemente representativa para participar orgánicamente en las próximas elecciones parlamentarias de diciembre.

Aspiramos a llegar a la Asamblea Nacional para romper la dinámica polarizada, reinstaurar el papel constitucional del parlamento y promover políticas y soluciones acordes a las necesidades, intereses y aspiraciones de todos los venezolanos y no de las cúpulas políticas ni económicas. Se trata de recuperar para el parlamento todas las atribuciones constitucionales, de debate y discusión, legislativas y de control que le han sido conculcadas, para así contribuir consistentemente a la superación, no solo de la grave crisis nacional, sino de la dependencia y subsidiaridad del país, de más larga data.

Impulsaremos y apoyaremos la actividad legislativa que propugne aspectos ausentes en otras ofertas programáticas y, sobre todo, en las actuaciones legislativas y políticas de los diputados de estos 16 años de conflicto estéril, presentando proposiciones para las soluciones a problemas evidentes, para los cambios necesarios en el modelo estructural de país y para la reconciliación nacional sobre la base de la generación de riqueza producto del trabajo, que garantice la sustentabilidad de una mejor distribución de los recursos y de la justicia social para las mayorías.

Nos proponemos supervisar el funcionamiento de todos los poderes públicos y la transparencia y honestidad en la administración de los recursos. Todos los recursos públicos de la nación deben estar bajo el control de la Asamblea Nacional.

En la Asamblea nos disponemos a presentar una propuesta de las modificaciones a realizar en todas las leyes, reglamentos y resoluciones que violen o contradigan la Constitución y a impulsar dichos cambios.

Presentamos al electorado una agenda parlamentaria que incluya el programa para constituir un parlamento eficiente, que se corresponda con las necesidades de la nación venezolana y pueda atender las expectativas y las exigencias de la mayoría.

Puntos de la agenda parlamentaria de “De frente con Venezuela”

Proporcionalidad en la legislación electoral

El elemento jurídico-político que ha garantizado la permanencia de la polarización política hasta ahora existente es la ausencia de proporcionalidad electoral. Instrumentada en la Ley Orgánica de Procesos Electorales, en clara violación del artículo 63 de la Constitución, entre otros, estableció un sistema de carácter mayoritario, que favorece desproporcionadamente al ganador por cualquier margen, admite la participación menor de la fuerza que lo secunde, y apenas permite la participación marginal de terceros, dejando centenas de miles de votantes sin la representación debida. Peor aún, impidiendo estructuralmente la complejidad necesaria en las orientaciones políticas de los cuerpos colegiados, tal como la requiere el mundo contemporáneo. Sólo la diversidad y complejidad del pensamiento y la dirección colectica podrán librarnos de mesianismos políticos inconducentes.

La proporcionalidad electoral en la elección de cuerpos deliberantes es primordial para posibilitar el resto de la agenda, dando cabida a aspectos y enfoques hasta ahora ausentes de la actividad parlamentaria de las dos mayores minorías que, con la polarización y el sistema mayoritario, han venido monopolizando la actividad en los cuerpos colegiados de gobierno y, en particular, en la Asamblea Nacional.

Proponemos rescatar la proporcionalidad electoral establecida en la Constitución, a través de la modificación de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE), ley inconstitucional, antidemocrática y excluyente, que debe ser modificada urgentemente.

Petróleo

Los gobiernos venezolanos desde 1958 hasta el 2015 se han disputado el manejo político y económico del viejo modelo exportador de materia prima, con variantes en la distribución social de los recursos de allí provenientes, sin diferir en el propio modelo.

Con el fin de revertir esta situación proponemos legislar para propiciar el despliegue de la industria petrolera aguas arriba y aguas abajo, para agregar valor a sus actividades y exportaciones. En Venezuela tenemos experiencia de exportaciones masivas de materias primas para el mercado mundial, esa experticia básica puede ser trasladada en una primera fase a la exportación de productos derivados de la petroquímica y la química del carbono.

Se trata de propiciar legislativamente el inicio del proceso de abandono del rentismo petrolero, condenado por todos sin soluciones plausibles, con una solución concreta y posible: elaborar y presentar un  proyecto de ley que impulse el desarrollo aguas abajo (petroquímica y química orgánica industrial) y aguas arriba (equipos y suministros, seguros, reaseguros y flota petrolera) de la industria del crudo, como base indispensable para la industrialización del país, la producción de mercancías de alto valor agregado y la obtención de la verdadera independencia nacional, sin la mediatización que significan las asociaciones con el gran capital transnacional.

Podemos afirmar que la base material de cualquier desarrollo mediato concebible en Venezuela, es a través de un manejo no tradicional de la industria petrolera. El espacio de ese segmento en nuestra economía es abrumador. Cualquier propuesta de cambio a lo existente tiene que trocar la industria de los hidrocarburos en un medio para fortalecer a la nación y a nuestra población.

Desde 1958 hasta el 2015 la dirección política gobernante ha tenido el tiempo y los ingresos suficientes para proporcionar a los venezolanos los medios para fortalecerse material y culturalmente. Lo característico de los gobiernos desde 1958 al 2015 en el manejo de la industria petrolera ha sido la defensa de los precios de exportación de los crudos por medio de la OPEP, pero, con todo y ser necesaria, no basta para producir un cambio en el desarrollo de las fuerzas productivas y en la capacitación de la población.

En una estructura tan simplificada como la venezolana, el control de una sola empresa (PDVSA) crea un poder de arbitraje fabuloso para quien detente el poder del Estado. Nuestra estructura social está compuesta por una burguesía reducida y débil, dependiente del Estado en grado sumo, dominada por las fracciones mercantiles y financieras, con una muy pobre presencia industrial. Por debajo, una extensa capa de pequeña burguesía ligada sobre todo al pequeño comercio y los servicios, incluyendo una enorme burocracia estatal. La clase obrera compuesta por una pequeña fracción industrial, una mayor cantidad de empleados mercantiles y de servicios y una gigantesca masa de población como empleados informales o desempleados.

El modelo de exportación de PDVSA puede representarse como una pirámide cuya base son crudos. La persistencia de esa estructura, antes y después de la reversión en 1976, pone de manifiesto que la concepción que ha prevalecido en el manejo de la industria petrolera por las direcciones políticas, económicas y científicas no ha variado sensiblemente en los últimos cincuenta y siete años. Nuestra actividad en la Asamblea Nacional se encaminará a contribuir al cambio de esta negativa concepción.

Empleo formal calificado

La orientación de las direcciones políticas y económicas del país, durante casi sesenta años, ha estado encaminada al mantenimiento de una población poco calificada e incapaz de agregar valor a sus productos en un trabajo formal cualificado, bien remunerado y socialmente protegido.

Nuestra actividad legislativa se encaminará a promover la creación de empleo formal, calificado, permanente y bien remunerado, así como a la calificación de los asalariados existentes. Por la protección social más completa de los trabajadores, hacia la eliminación del empleo informal y la máxima reducción del desempleo.

Nos proponemos legislar por reales mejoras laborales, para que los aumentos salariales compensen las cifras inflacionarias y con un salario mínimo igual al valor de la verdadera canasta básica. Se debe promover y supervisar una política remunerativa que garantice la conservación del poder adquisitivo del salario.

Otros aspectos económicos de la agenda legislativa

Así como desarrollaremos la necesaria labor de control de prácticas y resultados de las últimas administraciones de las industrias básicas de Guayana, nos proponemos legislar para su rescate, su actualización técnica, sus encadenamientos industriales y su puesta al servicio de la nación venezolana.

En cuanto a la política agraria deberemos apoyar la instrumentación de las medidas legales para terminar definitivamente con el latifundio, acometer el desarrollo agroindustrial con tecnología avanzada, lograr la seguridad alimentaria, la protección social del campesino y la devolución a los productores originales de todas aquellas tierras y empresas efectivamente productivas, cuya expropiación o confiscación se haya hecho por intereses ajenos a los de la nación venezolana y que no hayan tenido un rendimiento satisfactorio.

Por otra parte, asistimos a la constante y patente devaluación de la moneda nacional y al empobrecimiento acelerado de amplios sectores populares y de la clase media. En la vida diaria, los venezolanos padecen de una inflación que alcanza los tres dígitos, de escasez de productos y servicios esenciales y de especulación en variados matices. Ello nos obliga a interpelar e incluso, de ser necesario, a destituir a los responsables de la política económica y a promover legislativamente la adopción de un plan económico alternativo a las actuales prácticas gubernamentales y distinto de algunas de las propuestas existentes, que se limitan a atribuir mágicas virtudes a la liberalización y privatización de la economía, olvidando la experiencia nacional de un empresariado estéril fundamentado en la sobreprotección y el favorecimiento estatal.

Promovemos un plan económico que se dirija a :garantizar el equilibrio macroeconómico; impedir la formación de presupuestos paralelos con el manejo discrecional del Ejecutivo de grandes recursos; la unificación cambiaria, para eliminar los altos niveles de corrupción que se desprenden del inmenso diferencial cambiario y el beneficio en el otorgamiento de divisas; regular la intermediación financiera de la banca; fomentar la inversión nacional verdaderamente productiva; garantizar la seguridad jurídica de las inversiones; fomentar el ahorro interno sobre la base de ingresos suficientes en términos reales; e impedir la emisión de dinero inorgánico.

Servicios y Ciudades

Propugnaremos legislativamente la construcción de infraestructuras territoriales modernas y ciudades concentradoras de servicios apropiados para el mundo contemporáneo.

Actualmente la infraestructura territorial del país es insuficiente y está en malas condiciones, incluyendo las grandes construcciones y equipos para el transporte y de generación y distribución de servicios. Así mismo, la infraestructura y los servicios urbanos son tan precarios que nuestras ciudades no pasan de ser concentraciones de pobladores desasistidos de un medio ambiente construido necesario para la vida moderna: los servicios básicos terminales para la población, como drenaje, agua potable, saneamiento, electrificación, alumbrado público, gas doméstico y comunicación en general presentan grandes deficiencias; y hay importantes carencias de espacios públicos, así como de equipamientos comunales educativos, asistenciales, culturales, deportivos y recreacionales. La falta de nuevas viviendas y de atención a las condiciones de urbanización de las existentes, urbanizaciones populares y barrios donde reside la gran mayoría de la población, se oculta tras cifras imaginarias. Se han abandonado las políticas de habilitación física, o urbanización, de barrios y de rehabilitación de urbanizaciones populares. Por lo visto, nuestras direcciones políticas y económicas no han comprendido la importancia de las ciudades como máxima condición general de producción y de vida.

Proponemos leyes avanzadas de ordenamiento urbano, de descentralización de su gestión, de fondos de financiamiento a la construcción y mantenimiento de infraestructuras territoriales y urbanas modernas y equipamientos comunales, así como de financiamiento a la construcción de nuevas viviendas y urbanizaciones y a la habilitación o rehabilitación de las existentes. Estableciendo, en todos los casos de este tipo de fondos, estructuras e instrumentos avanzados, para el conocimiento detallado y control de erogaciones, métodos y avances de ejecución, por parte de la Asamblea Nacional.

Educación

El desarrollo de una educación cada vez de mayor nivel, no ha formado parte de las prioridades de la dirección política, económica, intelectual y militar de la quinta república y tampoco lo fue de la cuarta. Esto ha dado como resultado el deterioro del nivel general de conocimientos, el mantenimiento de una población poco calificada, de venezolanos en edad de trabajo con un nivel de escolaridad muy bajo y de más de cuatrocientos mil docentes que deben recalificarse. A lo largo de los últimos tres lustros ha terminado por consumarse un fraude educativo que pretende justificar la baja calidad de la enseñanza con la supuesta generalización de oportunidades.

Aspiramos legislar para impulsar el crecimiento y la calidad de la educación primaria y secundaria, así como la de técnicos medios, terminando así, verdaderamente, con la exclusión educativa y garantizando la debida formación de calidad para los venezolanos, con una educación generalizada de categoría internacional. Se debe acometer la preparación de docentes suficientes en todas las áreas, en especial en los lenguajes y las ciencias básicas; supervisar el cumplimiento de 200 días anuales efectivos de clases y alcanzar sueldos acordes con la función docente, así como dotar a todo el sistema de recursos e infraestructura adecuados y suficientes.

Ciencia y tecnología

El desarrollo de la ciencia y la tecnología no ha sido el eje para desarrollar las fuerzas productivas de nuestra nación. Nunca ha formado parte de las prioridades de la dirección política, económica, intelectual y militar de la llamada quinta república y tampoco lo fue en el pasado. Más bien, estas direcciones se han caracterizado por el desprecio al desarrollo de ciencia y tecnología para una futura sociedad del conocimiento. Esto ha dado como resultado universidades débiles, pocos centros de investigación y la ausencia de una masa crítica de investigadores.

Para superar su atraso, Venezuela necesita dar prioridad a la investigación y desarrollo, y a políticas conjuntas a favor de una sociedad del conocimiento. Desde esta óptica, se trata de construir una nación con capacidad de producir mercancías con alto valor agregado por medio del uso de ciencia y tecnología en gran escala. Este camino es diametralmente distinto al que hemos recorrido hasta hoy como exportadores de materias primas.

Afirmamos que Venezuela sólo puede asegurarse una cierta autonomía en el mundo actual si desarrolla recursos estratégicos como la capacitación científica y técnica de segmentos crecientes de la población, la construcción de una fuente grande y efectiva de calificados profesionales, diseñando una reserva de tecnología avanzada y creando un sistema económico que le permita adaptarse a las innovaciones tecnológicas.

Nos proponemos estimular el desarrollo científico y tecnológico en el país, mediante una nueva Ley de Universidades y la reforma de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, que rescate la obligación de las grandes empresas nacionales y de las empresas extranjeras de dedicar entre 2 y 3 por ciento de su ingreso bruto a la producción de ciencia y tecnología en el país, garantizando que los recursos generados se dediquen a investigación científica y tecnológica y no a gasto burocrático y clientelar, o a las necesidades subalternas de las empresas que los aportan.

Dada la situación concreta de las distintas ramas de la economía, debe producirse un vínculo estrecho entre la industria petrolera, las universidades nacionales y la producción de ciencia y tecnología.

Fuerzas armadas y servicios de seguridad

En el pasado, nos resignamos a integrarnos como socios menores y vergonzantes en el bloque militar norteamericano europeo del oeste.

Hoy, parece que creyéramos en lejanos e improbables aliados “estratégicos hasta lo militar” de otro tipo, en el confín de Europa y en las antípodas asiáticas, confundiendo una justa política de ampliación y diversificación de relaciones internacionales, de intereses parciales y económicos, con solidaridades automáticas en cuestiones de poder internacional. O que sometiéramos nuestra política militar y de seguridad nacional, como la política internacional en general, a los intereses de nuestros supuestos connacionales cubanos, ignorando el papel decisivo de la inteligencia estratégica propia en la construcción de una nación independiente.

Para un pequeño país como Venezuela la construcción de fuerzas armadas, de un sistema de defensa y de servicios de seguridad avanzados y relativamente autónomos, sin tutelaje extranjero de cualquier signo, es extremadamente difícil. Pero muy necesario. Y esta no ha sido preocupación, que debiera haber sido, ni de la Asamblea Nacional ni del extinto Congreso Nacional.

Pese a que en los últimos tiempos se liberó la posibilidad de adquirir armamentos y equipos fuera de las limitaciones tradicionales del país, no hemos avanzado proyectos militares nacionales y regionales en el campo científico, técnico e industrial. Regionales en el sentido de una geopolítica suramericana posible y conveniente para nuestra república.

Por eso propugnamos una actividad legislativa destinada a instrumentar la formación de una Fuerza Armada Nacional capacitada, entrenada y equipada para la defensa nacional, bajo el concepto del enemigo externo y de alianzas geopolíticas plausibles, más encaminadas a América del Sur que al Caribe, todavía mediterráneo norteamericano.

Relaciones internacionales

Nuestro vecino Colombia es virtual miembro de la OTAN, que asienta varias bases militares norteamericanas y que nunca ha cesado en sus pretensiones de incrementar los despojos, territoriales y de recursos, a Venezuela.

La irresponsabilidad e incapacidad congénita de los gobiernos venezolanos han permitido, en nombre del internacionalismo bolivariano o grancolombiano, que el 20 % de la población de nuestro país sea colombiana de primera, segunda y tercera generación, sin que se conozcan cifras precisas de los que poseen doble nacionalidad, los que tienen derecho a votar, los ilegales y los grupos armados, incluidos paramilitares ortodoxos, guerrilleros supuestamente amigos y bandas de delincuentes.

Hacia el Atlántico la situación del país no es mucho mejor. Hostigados por Guyana, sus aliados y mentores, intentamos protegernos con estériles donaciones económicas al Caribe y Centroamérica, en particular con una improductiva (para nosotros, claro) alianza íntima con Cuba.

El esquema que debemos ejecutar en la construcción de las nuevas alianzas, como en el caso del Mercosur, no puede repetir el papel que aceptamos con Estados Unidos y Europa Occidental desde 1958 y con Colombia en la CAN  o con China y otros países asiáticos, el cual consiste en vincularnos con ellos en calidad de productor de materias primas con poco valor agregado y como consumidor de ciencia y tecnología, manufacturas y productos agrícolas y pecuarios. La situación de partida es penosa, ya que el retraso científico y tecnológico acumulado en el país desde 1954 a nuestros días es considerable.

Para superar este retraso, Venezuela y el Mercosur necesitan mayores presupuestos de I+D, políticas conjuntas a favor de una sociedad del conocimiento, una nueva renovación industrial adaptada a la sociedad de la información. En definitiva, se trata de crear una base tecnológica e industrial para la seguridad tal como se entiende en la actualidad. Desde esta óptica, el nuevo objetivo común es construir un colectivo de naciones con capacidad de producir intercambios económicos con productos de alto valor agregado con el uso de ciencia y tecnología en gran escala. Este camino es distinto al que hemos recorrido hasta hoy como exportadores de materias primas.

Propugnamos la incorporación de la geopolítica de nuestros intereses en el debate nacional, más allá de la superficialidad polarizada imperante y así actuaríamos en nuestras responsabilidades legislativas, en procura de relaciones internacionales beneficiosas a la independencia y desarrollo nacional.

Soberanía e integridad territorial

Este punto de nuestra agenda parlamentaria está muy vinculado a las consideraciones anteriores, sobre relaciones internacionales. Así, nuestra actividad legislativa se encaminará a defender la integridad territorial venezolana, con especial mención de los casos de Guyana y del Golfo de Venezuela.

Por otra parte, el viejo modelo exportador de materia prima, preferido por las élites políticas y económicas hasta ahora dominantes, ha conllevado la pérdida de soberanía frente a las inversiones extranjeras, como una de sus manifestaciones perversas fundamentales. En estas condiciones, impulsaremos y apoyaremos toda actividad legislativa que propugne la defensa de la independencia económica nacional, el control constitucional y soberano sobre las inversiones extranjeras y el rescate de la inmunidad de jurisdicción del estado venezolano.

Seguridad ciudadana y enfrentamiento de la delincuencia

En la Asamblea Nacional vamos a estudiar y proponer salidas efectivas a la violencia creciente en la sociedad venezolana y al problema de la inseguridad reinante en todo el país, a la actuación ilegal de grupos parapoliciales y paramilitares armados, al desarme y desarticulación de las redes delictivas dentro y fuera de las cárceles, a la eliminación de las zonas de tolerancia del delito instauradas negligentemente por la actual administración y al cumplimiento de las leyes y del orden por todos los ciudadanos. Propiciaremos tanto la reorganización, depuración y perfeccionamiento del sistema judicial penal y del sistema carcelario como una mano firme frente al delito, sin permitir la sustitución del enfrentamiento de los delincuentes violentos e impunes por medidas efectistas, falsos positivos y ejecuciones extrajudiciales indiscriminadas.

Con la misma firmeza abordaremos legislativamente la represión y castigo de los efectivos policiales, militares, judiciales y gubernamentales en general dedicados a la delincuencia, incluida la de “cuello blanco” en gran escala, como la descomunal malversación de recursos del Fondo Nacional para el Desarrollo Endógeno FONDEN, como la del contrabando de extracción de más de 100.000 barriles diarios de petróleo, o la de la apropiación indebida o semilegal de divisas a una tasa de cambio ridículamente baja.

Derechos democráticos

Nos corresponderá como diputados velar por la protección de los derechos humanos y políticos constitucionales, incluyendo la libertad sindical y de otras asociaciones, por una democracia participativa independiente de la tutela política del estado y con especial énfasis en el derecho a la vida, a la educación y a la salud; a las libertades de expresión y manifestación de la población.

Nuestra actuación se encaminará al cese de la criminalización de la protesta y de la inconstitucional restricción de los derechos individuales y colectivos. Contra los juicios amañados y las manipulaciones judiciales para enfrentar disidencias políticas, los falsos positivos y las ejecuciones extrajudiciales.

Estamos y estaremos en la Asamblea por la libertad plena para trabajadores, profesionales, estudiantes, campesinos e indígenas presos por protestar o por ejercer el derecho de huelga. Por la libertad para los presos políticos en los casos insuficientemente sustanciados.

Salud

El sistema nacional de salud se caracteriza actualmente por servicios incompletos, deficientes, sub-dotados y desarticulados, presentando incluso islas o protectorados dependientes del extranjero. Lo contrario de un sistema adecuado y coherente, normado y coordinado por el estado nacional y convenientemente descentralizado en su actuación.

Entendemos la medicina como un servicio social destinado a garantizar el primordial derecho humano a la salud y, por ello, nos proponemos respaldar, legislativamente la reproducción constante, mediante estudios de calidad, de médicos con distintos grados de especialización, paramédicos, sanitaristas, enfermeras, trabajadores sociales y administradores, destinados a redes de actuación en salud pública que promoveremos, que vayan desde la mayor especialización hasta la medicina simplificada, bajo una doctrina unitaria enmarcada en una concepción integral, tanto preventiva como curativa.

Agenda ecológica

Nuestra actividad parlamentaria incluirá el apoyo a vigilar la protección integral del ambiente: acabar con la desforestación de nuestras selvas y bosques; proteger las fuentes, cursos y depósitos de agua dulce; propiciar el reciclaje de desechos; impulsar el uso de energías no contaminantes; y enfrentar decididamente la contaminación por desechos industriales.

La gestión ecológica será sólida cuando logremos unir los elementos de la producción material con la ciencia y la técnica, con el empleo formal calificado, con la construcción de ciudades y campos productivos, creando una infraestructura y servicios inexistentes hoy en día, con el cambio en el modelo exportador de crudo y con una industria petrolera que vincule su existencia al desarrollo de la ciencia la técnica.

De Frente Con Venezuela

Octubre, 2015

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Federico Villanueva y Luis Fuenmayor Toro, directivos del Movimiento “De Frente con Venezuela”, en el programa radial “Debate con Fuenmayor”, por Radio UNO, 1.340 AM.


 

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De izquierda a derecha Camilo Arcaya y Luis Fuenmayor Toro miembros de la directiva del Movimiento “De Frente con Venezuela, en el programa “Debate con Fuenmayor” por Radio UNO, 1.340 AM.


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Josefina Baldó, arquitecto urbanista, integrante de la directiva nacional del Movimiento “De Frente con Venezuela, durante una reunión ordinaria de la Comisión Nacional.


 

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Federico Villanueva, arquitecto urbanista, y Sergio Otero, economista, durante una reunión ordinaria de la Comisión Nacional del Movimiento “De  Frente con Venezuela”.


 

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Marcos Gómez, abogado miembro de la directiva nacional del Movimiento De Frente con Venezuela.


Luis Carlos Silva, ingeniero miembro de la directiva nacional del Movimiento “De Frente con Venezuela” y miembro del Comité Editorial de esta publicación.

Luis Carlos Silva Sagaseta, ingeniero miembro de la directiva nacional del Movimiento “De Frente con Venezuela” y miembro del Comité Editorial de esta publicación.

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