Alcance del Decreto Presidencial de Estado de Excepción y de Emergencia Económica, publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6227, en sus aspectos propiamente políticos excepcionales, así como en sus aspectos de emergencia económica, social y ecológico-ambientales. Sin mayores comentarios

Federico Villanueva Brandt

Arquitecto urbanista y profesor de la UCV

Federico Villanueva

Federico Villanueva

En una primera parte debemos describir las consideraciones y resoluciones del Decreto que pueden considerarse propiamente políticas y conducentes a un Estado de Excepción.

El Decreto comienza trazando el objetivo de “salvaguardar los derechos humanos”, acompañado de la habitual palabrería retórica sobre “el caballo blanco de Bolívar” y listando los Artículos constitucionales en que pretende fundamentarse, sin mencionar aquellos que coloca en entredicho.

El Decreto considera que, a partir de la muerte del anterior Presidente, sectores políticos nacionales e intereses particulares extranjeros han promovido el descontento popular y la incertidumbre en la población, desestabilizando las instituciones del Estado.

Considera que a partir del inicio del legítimo mandato del actual Presidente de la República, otorgado en las elecciones ejemplares de abril de 2013, la oposición política, reiteradamente, ha pretendido menoscabar la voluntad popular y asediar a los poderes públicos.

Que la oposición a la Revolución ganó la Asamblea Nacional y pretende el desconocimiento de todos los poderes públicos, y en especial la interrupción del período presidencial establecido en la Constitución, por cualquier medio, incluso “amenazando e injuriando” a las autoridades de los Poderes Públicos.

Que el Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica prorrogó y amplió las medidas contra Venezuela, rechazadas patrióticamente por el Tribunal Supremo de Justicia.

Que hay un clima de desasosiego e incitación a la violencia entre ciudadanos.

Que en actuaciones “recientes”, los cuerpos de seguridad han detectado bandas criminales y paramilitarismo extranjero, vinculados a intereses políticos desestabilizadores de la economía y de la institucionalidad nacional, con el fin último de justificar una intervención de poderes extranjeros.

Que todo lo anterior pone en peligro la seguridad de la Nación.

Que estas extraordinarias situaciones políticas, concurrentes con situaciones extraordinarias de otra índole, ameritan la declaración del Estado de Excepción. Aclarando que no afectará varios derechos de la población, como vida digna, salud, alimentación, educación, trabajo y otros, sin mención particular a sus derechos humanos, políticos o democráticos.

El Ejecutivo Nacional podrá suspender la ejecución de sanciones políticas a altos funcionarios del gobierno y a máximas autoridades del Poder Público.

El Ejecutivo Nacional podrá atribuir funciones de vigilancia y organización a los Comités Locales de Abastecimiento y Distribución CLAP, a los Consejos Comunales y demás organizaciones de base del Poder Popular, conjuntamente con la FANB, la Policía Nacional, las policías estadales y las municipales, para mantener el orden público y garantizar la seguridad y soberanía en el país.

El Ejecutivo Nacional podrá dictar medidas y ejecutar planes especiales de seguridad pública.

El Ejecutivo Nacional podrá adoptar medidas especiales en política exterior, para salvaguardar la soberanía e impedir la injerencia extranjera.

Podrá, también, Instruir al Ministerio de Relaciones Exteriores la auditoría e inspección de convenios entre venezolanos y organismos extranjeros, y ordenar la suspensión de los financiamientos de aquellos que se presuman con fines políticos.

Se podrá suspender el porte de armas a aquellos ciudadanos que no se consideren parte del Estado.

Adicionalmente, el Presidente podrá dictar otras medidas de orden político y jurídico que considere necesarias.

Las autoridades competentes ejecutarán las medidas que se adopten para salvaguardar la paz social y el orden público, y para garantizar la soberanía y la defensa nacional.

En la segunda parte de este artículo debemos describir las consideraciones y resoluciones del Decreto que pueden considerarse referidas a aspectos económicos, sociales y ecológico-ambientales, referentes a la Emergencia Económica.

Se considera en el Decreto que la oposición política ha pretendido mantener en zozobra a los venezolanos, mediante la distorsión de la economía: acaparamiento, boicot, usura, desabastecimiento e inflación “inducida”.

A lo anterior se suma la caída de los precios de nuestra cesta petrolera hasta en 70%, restringiendo nuestros ingresos financieros. Sin embargo, afirma que se han logrado mantener las misiones sociales, los derechos de todos y la protección a los desposeídos.

Considera que contra el ataque de la oposición nacional y extranjera, económico y contra el pueblo, el Gobierno nacional adoptó medidas varias.

Adicionalmente, venimos sufriendo las consecuencias del fenómeno climático de “El Niño”, comprometiendo la agricultura, el suministro de agua potable y la generación eléctrica.

Agentes económicos respaldados en el extranjero obstaculizan el acceso de la población a servicios y bienes indispensables, generando malestar con colas “inducidas”, bachaqueo y un clima de desasosiego e incitación a la violencia entre ciudadanos.

Que la concurrencia de tales situaciones extraordinarias; climáticas y económicas, afecta gravemente la vida económica de la nación, requiriendo aplicar urgentes y excepcionales medidas para proteger al pueblo de la ruptura del equilibrio económico financiero.

Como consecuencia de lo anterior se declara el Estado de Emergencia Económica.

Por esta declaratoria, el Ejecutivo Nacional Podrá dictar las medidas convenientes para que el gobierno asegure el apoyo del sector económico privado en la producción y distribución de servicios y bienes, combatiendo toda clase de ilícitos económicos.

El Ejecutivo Nacional podrá diseñar e implementar mecanismos para el suministro de insumos a la agricultura y ganadería.

El Ejecutivo Nacional podrá desarrollar políticas de evaluación, seguimiento y control de la producción, distribución y comercialización de productos de primera necesidad.

Se autorizará a los Ministros competentes para que garanticen la venta de productos regulados de manera adecuada.

Como consecuencia de la declaratoria del Estado de Excepción y de Emergencia Económica, el Ejecutivo Nacional podrá dictar las medidas convenientes para Garantizar, incluso con la intervención de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana FANB, de los órganos de seguridad del Estado y de los Comités Locales de Abastecimiento y Distribución CLAP, la correcta comercialización y distribución de productos.

El Ejecutivo Nacional desarrollará la planificación, coordinación y ejecución de la procura expedita de bienes o suministros esenciales para la salud, alimentación y el sostenimiento de servicios básicos.

El Presidente podrá autorizar erogaciones con cargo al tesoro nacional, fuera del presupuesto.

El Ejecutivo Nacional podrá realizar convenios para la obtención de recursos, sin opinión de otros poderes.

Podrá procederse al establecimiento de rubros prioritarios para las compras del Estado y a la asignación directa de divisas para su importación.

El Ejecutivo Nacional procederá a la implementación de medidas para contrarrestar fenómenos climáticos, como la restricción de horarios de actividades y las disposiciones de preservación ecológica.

El Ejecutivo Nacional podrá requerir apoyo y asesoría técnica de organismos nacionales e internacionales, así como del sector privado nacional, para la recuperación del parque de generación del Sistema Eléctrico Nacional.

Se adoptarán medidas urgentes para la recuperación y mantenimiento de las fuentes de energía eléctrica del Estado.

El Ejecutivo Nacional dictará medidas de protección de zonas boscosas.

El ministerio de banca y finanzas podrá coordinar con el Banco Central para limitar el ingreso y egreso de moneda venezolana en efectivo, así como restringir operaciones comerciales y financieras, permitiendo sólo el empleo de medios electrónicos nacionales autorizados.

El Poder Judicial y el Ministerio Público realizarán lo necesario para fortalecer la lucha contra el delito e incrementar la celeridad procesal.

El Presidente podrá, también, dictar otras medidas de orden social, ambiental o económico, que considere necesarias.

 

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