Crítica del Decreto N° 2.323 de la Presidencia de la República, que declara el Estado de Excepción y de Emergencia Económica

Federico Villanueva Brandt

Arquitecto urbanista y profesor de la UCV

Federico Villanueva

Federico Villanueva

El artículo que antecede contiene los resúmenes del aspecto político referente al Estado de Excepción propiamente dicho y de los aspectos económicos, sociales y supuestamente ecológico-ambientales de la Emergencia Económica, contenidos en el Decreto Presidencial publicado en Gaceta Oficial N° 6.227 Extraordinaria del 13 de mayo de 2016. Esos resúmenes se hicieron con la intención de que cada lector, evaluando con cabeza propia, llegase a sus propias conclusiones.

Por mi parte, tengo las mías.

El alto gobierno, que solemos denominar “la macolla”, mostró abiertamente una parte de sus cartas, lo que no descarta otras cartas evidentes y las que tenga ocultas en la manga.

La parte descriptiva del Decreto, supuestamente sintética del análisis de la situación existente (los “Considerando”), es tan significativa como la parte que lista las acciones que se emprendieron, se están emprendiendo o pueden emprenderse.

Empecemos por lo propiamente político.

Efectivamente, intereses extranjeros tienen en la mira al gobierno de la “macolla” chavista, prácticamente desde su origen, y les interesa la desestabilización de las instituciones del Estado venezolano. Es así que la presidencia de los EEUU prorrogó su decreto injerencista contra nuestro país, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano aprobó sanciones contra nuestro gobierno, y el criminal Uribe exige una intervención militar, mostrando con claridad los sempiternos y oscuros intereses colombianos sobre Venezuela. Ahora bien, aunque esto pueda ser compartido por sectores políticos nacionales, difícilmente el descontento popular puede atribuirse en lo fundamental a otra fuerza diferente al pueblo mismo. Lo más que podría afirmarse es que el clima de desasosiego y violencia entre ciudadanos ha sido promovido por la nefasta polarización política entre la macolla del PSUV y el cogollo de la MUD. Tampoco puede esgrimirse que el rechazo más o menos apremiante al actual gobierno conlleve la desestabilización de las instituciones del Estado. Más cuando la destrucción institucional ha sido una de las escasas hazañas del chavismo en el poder.

Por otra parte, en Venezuela no hay elecciones ejemplares, y si lo fueran o no, son tan válidas las de abril de 2013 como las de diciembre de 2015. Las que se ganan y las que se pierden. De allí a acusar a la oposición política (para el gobierno y sí misma, sólo la MUD) de desempeñar su legítimo papel de fortalecerse después de la derrota y asediar a los otros poderes públicos después de su victoria parcial, entramos en el disparate. Particularmente cuando el “asedio” es de un poder público nacional contra cinco que controla la “macolla” o de tres piezas del poder público estadal contra todo el resto. Ante semejante dislate castrense, avergüenza el nivel de los militares que presuntamente dominan a los civiles en la “macolla”.

¡Cómo se atreve la MUD a “amenazar e injuriar” a los correctísimos caballeros del gobierno! Peor aún, a plantear la interrupción del período presidencial establecido en la Constitución. Será porque la misma Constitución engendrada por el chavismo lo permite. No sé si esa parte del Decreto es cómica o trágica.

Según el Decreto, el alto gobierno “acaba de descubrir” que hay bandas criminales y grupos de paramilitares, saltándose, por cierto, las unidades de la guerrilla colombiana que también hay hace tiempo. Sólo que ahora esos grupos armados se denuncian, sin mayores pruebas, como vinculados a intereses políticos desestabilizadores de la economía y de la institucionalidad nacional, con el fin último de provocar una intervención extranjera

Según el gobierno, todo lo anterior pone en peligro la seguridad de la Nación y amerita decretar el Estado de Excepción. Lo que le permite a la macolla designar a las fuerzas que enfrentarán la grave situación: La FANB, los servicios de seguridad y los novísimos engendros de supuesto poder popular denominados CLAP, constituidos éstos por sus activistas políticos y no por el “pueblo descontento”. Otorgando cada vez mayor poder a los militares, este trío de factores no solo se encargará de aspectos de la Emergencia Económica, sino que también se le atribuye, reforzado con las policías (nacional, estadales y municipales) más otras instancias del supuesto poder popular controlado clientelarmente por el gobierno, (es decir, los Consejos Comunales y Comunas), ni más ni menos que el mantenimiento del orden público y el garantizar la seguridad y soberanía en el país. Ejecutarán planes especiales de seguridad pública, según medidas que dicte el Ejecutivo Nacional.

Nada nuevo, en realidad, pero ahora legalizado e institucionalizado por decreto.

El mantenimiento del orden público al interior del país no es función prominente de la Fuerza Armada. Pero mucho menos es función de un grupo de ciudadanos, “los míos”, actuando contra “los otros”, tan ciudadanos como. Presenciamos la institucionalización y escalada, a través de un instrumento legal declarado “perfectamente Constitucional” por la Sala correspondiente del TSJ, de la ya tradicional actividad de algunos “colectivos” contra los enemigos de la “revolución”. ¡Y salimos de eso! Como la estructuración de las organizaciones supuestamente comunitarias las considera partes del Estado mismo, puede presumirse que la suspensión de todo porte de armas por los ciudadanos corrientes, con la que amenaza el Presidente, no afectará a los colectivos armados del gobierno. Así como prostituyeron grandes palabras como Patria y revolución, ahora pretenden convertir una teóricamente acertada política de defensa nacional para la Guerra del Pueblo contra poderosos invasores, en una forma de represión interna de los adversarios políticos nacionales.

Luego, en su Decreto el Presidente amenaza con instruir al Ministerio de Relaciones Exteriores para suspender cualquier financiamiento extranjero que se presuma con fines políticos. Suponemos que bastará para la “presunción” que el destinatario no sea afín a la “macolla” gobernante.

Sin embargo, la mayor joya de la corona de las medidas políticas de excepción, es que el Ejecutivo Nacional podrá suspender la ejecución de sanciones políticas a altos funcionarios del gobierno y máximas autoridades del Poder Público. Lo que abarca las interpelaciones de la Asamblea Nacional a los altos funcionarios y autoridades del gobierno y podría utilizarse para suspender, al menos por 120 días vitales, el referendo revocatorio del Presidente, la sanción política popular por excelencia. También podrían suspenderse las elecciones regionales, inaceptables por un gobierno que las perdería a todas luces.

Por si lo anterior fuera poco, el Decreto contempla que el Presidente podrá dictar otras medidas de orden político y jurídico que considere necesarias. Como si se tratase de la fundación de una empresa o compañía, que suele rematarse, tras listar sus fines, con algo así como “y cualquier otro que se nos ocurra”.

Corresponde continuar, en la segunda parte del artículo, con el análisis crítico de los aspectos económicos, sociales y ecológico-ambientales del Decreto presidencial en cuestión. Los que, para simplificar, podemos hacer corresponder más a la Emergencia Económica que al Estado de Excepción propiamente dicho.

El Presidente precisa que la oposición política, entiéndase la MUD, ha pretendido mantener en zozobra a los venezolanos, mediante la distorsión de la economía: acaparamiento, boicot, usura, desabastecimiento e inflación “inducida”. Agentes económicos respaldados en el extranjero obstaculizan el acceso de la población a servicios y bienes indispensables, generando malestar con colas “inducidas”, bachaqueo y un clima de desasosiego e incitación a la violencia entre ciudadanos que se disputan los escasos productos disponibles. Es decir que, en la crisis económica manda la oposición y no el gobierno. Ante tal ataque, al que se suma la oposición extranjera, el gobierno viene tomando varias medidas, que por lo visto no han dado resultado suficiente, por lo que ha de reforzarlas.

Anota el Decreto un par de consideraciones evidentes: la caída de los precios petroleros y el fenómeno climático denominado “El Niño”, que han traído como consecuencia la restricción de nuestros ingresos financieros y la afectación de la agricultura, de la disponibilidad de agua y de la generación de electricidad. Debemos suponer que la boyante producción agrícola y pecuaria previamente existente, la eficiente red de infraestructuras de captación y almacenamiento de agua y el perfecto y seguro sistema, mixto y diversificado, de generación ý distribución eléctrica del país, construidos todos en 17 años de “revolución”, han colapsado por una catástrofe natural imprevisible. También debemos suponer que el modelo económico fundamentado en la exportación de energía fósil, profundizado en esos mismos años, no tiene vías de superación estructural y ni siquiera puede mantener un fondo de contingencia suficiente para enfrentar la asombrosa catástrofe cuasi-natural de la inimaginable oscilación de los precios internacionales de cualquier materia prima. ¡Por favor!

En vista de todo lo cual, el gobierno, que dice haber logrado mantener las misiones sociales, los derechos de todos y la protección a los desposeídos, deberá aplicar urgentes y excepcionales medidas para proteger al pueblo de la ruptura del equilibrio económico financiero. Eso sí, sin afectar sus derechos varios, como vida digna, salud, alimentación, educación, trabajo y otros. Limitado listado de derechos, fundamentalmente orientado a las condiciones materiales de vida y que pocos dirían que se disfrutaban en la mejor forma posible antes de las pretendidas catástrofes recientes.

El gobierno, ahora sí, podrá combatir toda clase de ilícitos económicos para “asegurar” el apoyo del sector económico privado en la producción y distribución de servicios y bienes. Garantizará, incluso con la intervención de la FABV, órganos de seguridad y “su pueblo” organizado en CLASP, la correcta producción, comercialización y distribución de productos de primera necesidad.

El alto gobierno diseñará e implementará, al fin, mecanismos para el suministro de insumos a la agricultura y ganadería. Algo así como la sustitución de Agroisleña por Agropatria.

Sin embargo, como desgraciadamente somos un país que importa casi todo y no podemos enviar a las huestes militares, policiales y paramilitares o parapoliciales chavistas a meter en cintura a los productores y comercializadores extranjeros, el Decreto también prevé que el Ejecutivo Nacional desarrollará la planificación, coordinación y ejecución de la procura expedita de bienes o suministros esenciales para la salud, alimentación y el sostenimiento de servicios básicos. Concretamente, podrá procederse al establecimiento de rubros prioritarios para las compras del Estado y a la asignación directa de divisas para su importación. Suponemos que con una honestidad, transparencia y eficiencia que hasta ahora brillan por su ausencia, habiendo permitido el enriquecimiento desmesurado de algunos funcionarios chavistas y de algunos hombres de negocios supuestamente opuestos al régimen. Al extremo de hablarse, desde las mismas entrañas del chavismo, del extravío de unos 30.000 millones de dólares a través de la asignación de divisas al cambio preferencial.

Más allá del otorgamiento de divisas preferenciales, el Decreto establece que el Ejecutivo Nacional podrá realizar convenios para la obtención de recursos, sin opinión de otros poderes, y que el Presidente podrá autorizar erogaciones con cargo al tesoro nacional, fuera del presupuesto. Nada muy novedoso en el país o que en el pasado reciente haya requerido decretar Emergencias Económicas. O es que las características del Fondo Chino fueron debatidas con alguien más allá de la macolla y, peor aún, será que ha habido un intenso debate sobre la malversación de unos 135.000 millones de dólares de FONDEN, bajo la responsabilidad directa del difunto presidente Chávez y de uno de los principales denunciantes de la estafa cambiaria mencionada en el párrafo anterior.

Como el Decreto practica abiertamente la “ley del embudo” con los ajenos a la macolla gobernante y su periferia, prescribe que el Ministerio de banca y finanzas podrá coordinar con el Banco Central, hoy parte del Ejecutivo, para limitar el ingreso y egreso de moneda venezolana en efectivo, así como restringir operaciones comerciales y financieras, permitiendo sólo el empleo de medios electrónicos nacionales autorizados, es decir, controlados por el gobierno.

En consonancia con el rimbombante Gran Objetivo Histórico N° 5 del Plan de la Patria: “Contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana”; el Decreto Presidencial, más modestamente, establece que el Ejecutivo Nacional dictará medidas de protección de las zonas boscosas y adoptará medidas urgentes para la recuperación y mantenimiento de las fuentes de energía eléctrica del Estado. Suponiendo que las fuentes actuales se relacionan con la preservación del volumen de los cursos de agua de los que depende la fundamental energía hidroeléctrica, no queda claro por qué se requiere de facultades extraordinarias para acometer las tareas anotadas, cuando han sido función ordinaria y principal del Ministerio del Ambiente, comoquiera que hoy se denomine. Tampoco queda claro para algunos cómo tales tareas se compadecen con la explotación internacional del arco minero.

En el mismo orden de ideas referidas a lo ecológico y ambiental, el Ejecutivo Nacional procederá a la implementación de medidas para contrarrestar fenómenos climáticos, como la restricción de horarios de actividades y las disposiciones de preservación ecológica. Las medidas del primer tipo están en plena vigencia sin necesidad de decreto de emergencia alguno y, de paso, demostrando la bajísima productividad del aparato burocrático del Estado.

Para finalizar este aparte de nuestra división del Decreto, en éste se establece que el Ejecutivo Nacional podrá requerir apoyo y asesoría técnica de organismos nacionales e internacionales, así como del sector privado nacional, para la recuperación del parque de generación del Sistema Eléctrico. Tales apoyos y asesorías han existido siempre, antes y después del régimen chavista. Sólo que la acertada y aceptada recomendación de fortalecer la generación termoeléctrica condujo, en el régimen actual, al desfalco de dos mil millones de dólares por parte de los denominados “bolichicos”, sus socios internacionales y los funcionarios de gobierno que lo permitieron.

Como último punto digno de tratar en el Decreto y no el menos importante, éste establece que el Poder Judicial y el Ministerio Público realizarán lo necesario para fortalecer la lucha contra el delito e incrementar la celeridad procesal. ¡Qué hipocresía! Cuándo en las cartas evidentes desplegadas por el Ejecutivo, al margen de decreto alguno, figura la tenaz represión a las bandas criminales, con múltiples ejecuciones extrajudiciales. Entendemos que tales formas de enfrentar la insoportable inseguridad ciudadana no pueden ser declaradas constitucionales ni siquiera por la servil Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. También entendemos que los ciudadanos aterrorizados por el hampa e inmersos en una atmósfera social donde la ética es un lujo, vean con agrado las desmesuradas acciones represivas emprendidas por el Estado. Motivo éste último para que el gobierno considere la liquidación física de criminales y asociados como una importante palanca para recuperar popularidad: una especie de “dakazo” sangriento. Pero nos parece excesivo que el Decreto prescriba, como parte de una línea correcta ante el delito violento, todo lo contrario de lo que hace.

Volviendo al símil de juego de cartas empleado al inicio de este artículo, habrá que ver cuánto de los “Considerando” y de las acciones ejecutivas contempladas en el Decreto Presidencial, son puro bluff (farol en castellano) para reverdecer el apoyo de las bases chavistas y asustar al enemigo interno, traidor por definición. Algo así como lo del supuestamente moderado e inteligente dirigente de la MUD, Henrique Capriles, diciendo que el diálogo con el gobierno es ¡el referendo revocatorio! Afirmando que “converso si te vas ya”, para consumo de sus seguidores votantes y para evitar las acusaciones de tibieza que suelen endilgarle sus competidores por la dirección de la misma tolda polarizadora. También y más importante, habrá que ver las cartas verdaderas: cuánto se nos viene realmente encima a los que tengamos fuertes críticas al accionar del régimen. Recordando siempre aquello de la cucaracha y su trasero.

Si este Decreto no es un autogolpe “continuado” en escalada hacia una dictadura dominantemente militar, por lo menos se le puede aplicar la conseja popular que “de no ser pato está rondando la laguna”. En el mejor de los casos será la apelación a la polarización extrema de la sociedad y la política, al discurso negador del diálogo abierto e incluyente o de cualquier acuerdo nacional. Apelación que tan buenos resultados le ha dado a la macolla del gobierno y al cogollo de la MUD, mientras que tan pocos frutos ha rendido al país.

La dirección política de la MUD, a través de su mayoría parlamentaria, después de un corto debate con el oficialismo, se limitó a improbar el Decreto, antes de su remisión formal por el Ejecutivo, con justificaciones tan intrascendentes como que no precisaba si el Estado era de alarma, de emergencia económica o de conmoción o, más trascendente, porque era un autogolpe de Estado. Sin embargo, no ha desarrollado la alharaca que correspondería a esta última consideración.

Más allá de la crítica al Decreto, puede afirmarse que las direcciones políticas del chavismo y de la MUD parecen expresar que sólo un mítico aplastamiento del contrario resolverá la crisis venezolana. Pero saben que con sus propias fuerzas legales apenas pueden darle combustible a la polarización colusoria, eso sí, con acuerdos ocultos y vergonzantes. Estas jefaturas nos impiden acometer las ingentes tareas de construir una república contemporánea que nos aleje de la espiral descendente donde se encuentra sumida la Nación. La ventaja circunstancial corresponde hoy al cogollo de la MUD, que aún puede vender la esperanza insostenible de que su gobierno aliviará los padecimientos de los venezolanos, mientras que a la macolla del PSUV, tras 17 años de hegemonía y mal gobierno, sólo le queda achacar la culpa de todo a los demás. De hecho, la polarización no le ha servido, no le sirve y no le servirá a Venezuela. Constitucionalmente, sólo nos queda abierto el resquicio de un advenimiento sobre un proyecto nacional verdaderamente alternativo, entre todas las corrientes políticas y sociales, incluyendo las hoy adscritas a los polos existentes, con apertura a la actuación real del mayor número de fuerzas políticas que puedan existir en todo el país, mediante su legalización expedita y el reconocimiento a esta diversidad de participación con un sistema electoral estrictamente proporcional para designar cuerpos colegiados de todo tipo. Esa sería la salida participativa y democrática, con elecciones: larga y difícil.

La otra sería una salida de fuerza tipo “que se vayan todos”, más o menos embozada, matizada o no por estallidos sociales y con variantes en el alcance de los “todos”, en su peor versión combinada con intervención extranjera y el caos generalizado resultante. Posiblemente intentarían respaldarla selectos miembros de la camarilla gobernante, de profundizarse el autogolpe o, más difícilmente y sobre todo en caso de intervención exterior, del cogollo de la MUD. En principio, este tipo de situaciones son posibles, pero de probabilidad discutible, sin olvidar que en 1992 nadie pensaba que pudiera presenciar un combate aéreo sobre Caracas o que, saliendo del ejemplo venezolano para tomar un botón de muestra, en 2011 Muamar el Gadafi fue vejado y asesinado brutalmente por paramilitares, luego de una intervención militar de los norteamericanos y su OTAN. Tales soluciones de fuerza, de cualquier tipo, no constituirán salida alguna mientras mantengan o empeoren el modelo con que se ha venido destruyendo a la Nación desde hace unos sesenta años.

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