El fraude contra las universidades. Escrito con la más profunda indignación

Bernardino Herrera León

Profesor universitario

La UCV no tiene autoridades.

Las últimas las elegimos para el período 2008-2012.

En el caso de los decanos, elegimos los últimos para el lapso 2008-2011.

Para los siguientes períodos 2012-2016, en el caso de las rectorales, y 2011-2014 y 2014-2017, para el caso de las decanales, hemos tenido y aún tenemos AUTORIDADES IMPUESTAS.

Impuestas ilegalmente por el régimen chavista a través del TSJ. En consecuencia son autoridades vencidas, sin legitimidad de origen. Ningún argumento de consultoría jurídica puede negar esto.

Desde la publicación de la sentencia del TSJ, en 2012, suspendiendo las elecciones universitarias de autoridades y cogobiernos, las actuales “autoridades impuestas” no han realizado gestión alguna para destrabar dicho exabrupto legal.

Optaron por desobedecer y desacatar todos los puntos de la sentencia, excepto uno: el que ordenaba mantenerse indefinidamente en sus cargos.

Cuando les preguntan por qué desacatan al TSJ responden: “Porque la sentencia es ilegal”.

Cuando les preguntan por qué siguen en sus cargos y por qué no convocan elecciones, responden: “Porque lo ordena la sentencia del TSJ”. Si eso no es cinismo puro… ¿Qué lo es entonces?

Todo esto de las elecciones universitarias ha sido un gran fraude. Luego del forcejeo entre el TSJ y las autoridades, la renovación de autoridades quedó en animación suspendida.

Ni los demandantes que solicitaron han logrado aspiración alguna, ni la comunidad universitaria de profesores, estudiantes y egresados hemos podido ejercer nuestro derecho democrático.

Es un absurdo que se sostiene por el silencio cómplice de los demandantes, del mismo TSJ y de las autoridades. Y también por la sumisión de la comunidad universitaria, aunque poco a poco el punto se ha logrado incluir en la agenda gremial.

Todo este tiempo nos han obligado a aceptar estas autoridades impuestas. En el contexto de un régimen cuasi-totalitario, que ha logrado derogar nuestra democracia universitaria.

La Ley de Universidades sólo aplica a los profesores y estudiantes. Las autoridades impuestas siempre encuentran un espléndido y conveniente artilugio jurídico para evadir el cumplimiento con la Ley y sus reglamentos. En CU actúan como jueces y árbitros al mismo tiempo. Son arte y parte, y cada vez se vienen distanciando de la comunidad que alguna vez los eligió. Prefieren recurrir a las consultorías jurídicas, a las que han convertido en su TSJ particular.

Con todo ese poder, las actuales autoridades impuestas gobiernan con franco estilo autocrático. Sesionan en entes cerrados como AVERU y el Núcleo de Decanos.

Al contrario, las autoridades impuestas han humillado una y otra vez a la UCV ante el gobierno. No sólo aceptando “bajo protesta” los denigrantes presupuestos universitarios, cada vez más miserables. También han abandonado a la impunidad, con negligencia y desinterés, los más de 70 casos de agresiones destructivas y denigrantes contra su patrimonio y su comunidad, las cuales no han pasado de denuncias en la Fiscalía, pudiendo ventilarse en las instancias de justicia internacionales, de tener un poco de voluntad.

Incumplen, por ejemplo, la parte más democrática de la LU al no convocar, desde hace muchos años, las obligatorias asambleas de facultades. Jamás se ha vuelto a convocar el claustro, aunque sea para preguntarle: ¿Están de acuerdo con que aceptemos las migajas de presupuesto que nos aprobó el gobierno?

Al contrario, las autoridades impuestas han humillado una y otra vez a la UCV ante el gobierno. No sólo aceptando “bajo protesta” los denigrantes presupuestos universitarios, cada vez más miserables. También han abandonado a la impunidad, con negligencia y desinterés, los más de 70 casos de agresiones destructivas y denigrantes contra su patrimonio y su comunidad, las cuales no han pasado de denuncias en la Fiscalía, pudiendo ventilarse en las instancias de justicia internacionales, de tener un poco de voluntad.

Al mismo tiempo, estas autoridades impuestas resultan muy útiles al gobierno. Las han convertido en los “villanos de la película” de la campaña sucia que el gobierno ha emprendido por años en todos los medios públicos contra las universidades autónomas. Que si roban, que si venden cupos, que niegan estudio a los pobres.

Bajo la administración de autoridades impuestas, la UCV empobrecida y feudalizada, se ha quedado rezagada como institución de conocimiento, y relegada cada vez a la obsolescencia y el atraso tecnológico. Pareciera que es ese su objetivo.

Ahora, las autoridades impuestas se disponen a sumergir a la UCV en un suicida conflicto interno. Justo en el momento en que el país se encuentra al borde de un colapso social en todos los niveles.

Se proponen debilitar aún más a la APUCV, arrebatándole la administración que por décadas ha cumplido sobre nuestros patrimonios.

Primero, se apropian del patrimonio del FONJUCV.

Ahora quieren liquidar al IPP con la falsa y populista promesa de un nuevo “régimen” de seguridad social.

Ahora tiene sentido la sospecha de que el IPP ha sido sometido a un intenso plan de quiebra programada, retrasando el pago de los compromisos y aceptando presupuestos miserables.

Quieren quedarse con todo estas autoridades… impuestas.

Se han convertido en gerentes financieros, en vez de líderes académicos. Aspiran ser expertos en manejo de fondos y recursos, en vez de más y mejores científicos para el país.

Quieren destruir el concepto más elemental de la Universidad como institución: producir conocimientos.

Todo esto de las autoridades impuestas ha sido, hay que repetirlo, un gran y verdadero fraude.

Si los ucevistas no logramos rescatar la democracia universitaria, tampoco podremos contribuir en rescatar la democracia venezolana. Una va con la otra, y viceversa.

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