Por Venezuela Acuerdo Nacional

Venezuela vive una profunda crisis generada por el fracaso del modelo exportador de materia prima, instrumentado con fuerza a partir de 1959 y llevado al límite en estos últimos 18 años. Las riquezas por los elevados precios del mercado petrolero y el diferencial cambiario de divisas estimularon las importaciones y permitió se amasaran fabulosas fortunas al amparo de la corrupción, con la excusa de la necesaria protección de los sectores más vulnerables. Todo ello dentro de un diseño social que mantiene a la población con niveles educativos muy bajos y en condiciones de miseria, para hacerla susceptible de la demagogia y la dádiva gubernamental.

Ante la escasez, inflación, inseguridad y pobreza existentes, la población exige soluciones sin hallar respuestas positivas. La producción decrece, se cierran industrias y comercios, las empresas estatales están en bancarrota y la economía social no arranca. El desempleo y el empleo precario crecen en forma alarmante. El porcentaje de familias pobres alcanza cifras similares o mayores a las de 1998. Los salarios no cubren las necesidades básicas. Los servicios públicos y las ciudades colapsan. Los jóvenes abandonan el país. El miedo, la incertidumbre y la desesperanza se apoderan de la gente. Como en el pasado, no se entiende como pudo llegarse a esta situación luego de más de una década de millonarios ingresos petroleros.

El escenario político está restringido a solo dos fuerzas que se presentan como exponentes de modelos contrapuestos, pero que actúan en consenso desconociendo a otros factores, opiniones y propuestas. La base legal de este patrón polarizado está en la legislación electoral, que impone un sistema inconstitucional carente de proporcionalidad, que sólo da representación a quienes alcancen las dos más altas votaciones. A este cuadro se agrega hoy la inexistencia de partidos políticos, la inconstitucional postergación de las elecciones regionales, las truculentas sentencias judiciales contra el revocatorio, la degeneración de la justicia y la ausencia práctica de la Asamblea Nacional, por las trabas inconstitucionales del Tribunal Supremo.

La crisis ha generado una descomposición del Gobierno y el PSUV y de la oposición agrupada en la MUD. En medio de sus contradicciones han puesto en escena un diálogo polarizado, que todo parece indicar va al fracaso al no ser plural, incluyente y pertinente a las exigencias de la gente. Hoy, la mayoría de los venezolanos rechaza a los factores de la polarización, no desea la continuidad de lo que hay, pero tampoco quiere volver a lo que había. Esta nueva situación abre la posibilidad de participación política de otros sectores, que constituyan una opción política diferente, que canalice la poderosa expectativa de cambio existente.

Quienes suscribimos este documento, luchadores, militantes y dirigentes políticos y sociales, representantes de partidos y movimientos, fundamentando nuestras acciones en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, invitamos a construir una nueva alianza de fuerzas plurales, no ideologizada, que supere los odios, vicios y carencias existentes, y genere la paz necesaria para tomar el camino del desarrollo y bienestar. Convocamos a un gran acuerdo nacional a los partidos y organizaciones sociales, trabajadores, profesionales, empresarios y productores del campo, campesinos, estudiantes, amas de casa; a los militantes y simpatizantes del partido de gobierno y a los opositores donde se encuentren; a las universidades y academias, con un programa de acción que lleve adelante las siguientes proposiciones:

1.- Instrumentar un plan económico alternativo dirigido a la unificación cambiaria, a garantizar la seguridad jurídica de las inversiones, a eliminar la emisión de dinero inorgánico, a cobrar las deudas con la República, a la repatriación de capitales y al enfrentamiento decidido del contrabando y la corrupción, para así abatir la inflación y la devaluación monetaria.

2.- Proponer salidas efectivas que garanticen la seguridad personal, mediante la eliminación de todas las bandas y redes delictivas, de las zonas de tolerancia del delito (zonas de paz), del desastre carcelario, de los grupos parapoliciales y paramilitares armados y promueva la formación de cuerpos policiales idóneos y el acatamiento de las leyes por todos.

3.- Optimizar la estructura productiva y comercial existente y crear programas que impulsen el crecimiento industrial y generen empleos calificados, sustentables y bien remunerados, de forma de derrotar la escasez, comenzando por garantizar todos los alimentos requeridos, el suministro regular de medicamentos y los repuestos de autos, equipos y maquinarias.

4.- Rescatar la proporcionalidad electoral establecida en la Constitución Nacional, a través de la modificación de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE). Reformar la legislación que regula la existencia de partidos políticos, para garantizar el derecho constitucional a la participación política de los ciudadanos y derogar el reciente reglamento del CNE, que obstaculiza dicho derecho en función de un régimen monopartidista.

5.- Garantizar el ejercicio sin limitaciones de los derechos humanos, ciudadanos, políticos, económicos, sindicales y gremiales y de los pueblos indígenas. Velar por las libertades de expresión y manifestación y el cese de la criminalización y judicialización de la protesta.

6.- Impulsar el desarrollo de la industria petrolera aguas abajo (petroquímica y química orgánica industrial) y aguas arriba (seguros y reaseguros de la carga transportada, construcción de astilleros), para la producción de bienes de alto valor agregado.

7.- Desarrollar la ciencia y la tecnología nacionales e insertarlas en la producción y los servicios; transformar el sistema educativo para lograr una educación generalizada de calidad, que rescate la enseñanza de la matemática, la física, la química y la biología.

8.- Impulsar la construcción de ciudades concentradoras de servicios. Adelantar una política de protección del ambiente, salvaguarda de las cuencas hidrográficas, los bosques y los mares. Desechar el proyecto depredador y antinacional del Arco Minero del Orinoco y revisar las condiciones en la Faja Petrolera del Orinoco, que adolece de los mimos vicios.

9.- Defender la soberanía y la integridad territorial del país y rescatar la inmunidad de jurisdicción del Estado. Establecer relaciones internacionales de iguales con todos los países.

10.- Liberar a los presos políticos y a todos los detenidos por ejercer sus derechos a protestar; estimular el retorno de los venezolanos, que dejaron el país por razones económicas o políticas.

11.- Estimular la formación de una fuerza armada profesional, sujeta a los principios de la Constitución, encargada de la defensa de la patria y capacitada para garantizar su autonomía tecnológica.

12.- Fundamentar nuestras acciones en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Hacer realidad la independencia de los Poderes Públicos. Desarrollar el Estado Federal descentralizado en los términos de la Carta Magna.

Adhieren este documento: Bandera Roja, De Frente con Venezuela, Democracia Renovadora, Movimiento al Socialismo, Pro Comunidad, Solidaridad Independiente y Soluciones. Caracas, 15-12-2016

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