Propuesta científica y tecnológica

Las ciencias y el desarrollo tecnológico nunca han constituido una prioridad de nuestros gobiernos, por lo menos desde 1958 en adelante. Nuestras élites gubernamentales, económicas, políticas, militares e intelectuales han mal atendido este importantísimo sector, de manera que podemos decir sin temor a equivocarnos que las ciencias y la tecnología fueron clandestinas hasta 1958 y, a partir de allí, si bien se legalizó su ejercicio en las universidades e institutos de investigación como el IVIC, siguieron siendo marginales en las actividades académicas de la nación venezolana. Los importantes esfuerzos realizados por los investigadores universitarios a partir de 1959 siempre tropezaron con la hostilidad de los sectores dominantes económicos y políticos, que no disponían de ningún proyecto de desarrollo en este campo y que, por lo tanto, la consideraban innecesaria y negaban el financiamiento para su desarrollo.

Un elemento que asombra al estudioso desprevenido es la total disociación de la industria petrolera venezolana del desarrollo de nuestras universidades y centros de investigación científica. Luego de la nacionalización petrolera era de esperarse que PDVSA asumiera el financiamiento de la ciencia y la tecnología, no sólo por ser prácticamente la única empresa importante del país, fuente de una riqueza nada despreciable, sino por ser una consumidora importante de ciencias y tecnología. Era lógico pensar que la industria petrolera buscaría proveerse en el país de la asesoría técnica y del conocimiento científico requeridos para su funcionamiento. Pero no, PDVSA continuó la práctica de las empresas extranjeras concesionarias de comprar todo lo necesario en estos aspectos en el exterior, privando a nuestros laboratorios universitarios y de otros centros del tan importante y necesario financiamiento.

Esta nefasta política se extendió inalterable al gobierno socialista bolivariano a partir de 1999, dando como resultado universidades muy frágiles como productoras de conocimientos, la existencia de muy pocos equipos estables de investigación de alta calidad, así como un número de investigadores de alto nivel muy reducido, que no tienen reales posibilidades de hacerse sentir, independientemente que, en muchas situaciones, sus conocimientos y actividades hayan sido fundamentales para enfrentar problemas y contingencias nacionales serias y de gran dificultad. En el caso de las universidades, la docencia de pregrado siempre fue privilegiada en relación con las actividades de producción de conocimientos.

De más está decir que el desarrollo económico social de un país depende hoy, más que nunca, de su crecimiento científico y tecnológico. Las diferencias entre las naciones las dan el grado de desarrollo autónomo que tengan en función de la producción de conocimientos. Esto significa que si no creamos en Venezuela una sociedad del conocimiento, no superaremos en forma permanente el atraso y la miseria. Se trata entonces de construir un país con amplias capacidades para producir mercancías de alto valor agregado, a través del uso intensivo de las ciencias y la tecnología generada en forma autónoma. Debemos formar un número suficiente de investigadores y tecnólogos, hasta contar con las cifras recomendadas por los organismos internacionales especializados.

Saltar de 0,25 investigadores por 1.000 habitantes, cifra que refleja la situación real del país, a una cifra deseable de 2 a 3 investigadores/1.000 hab., significa un esfuerzo en formar entre 20 y 30 mil doctores en los próximos 10 años, es decir unos 3 mil investigadores por año, para ser formados en tres años cada uno. Éste debería ser el reto y hacia allá habría que dirigir la inversión pública, tratando de formar una parte en el país, incorporando a esta actividad a todos los investigadores formados existentes en el país. El resto deberá ser formado en universidades e institutos superiores de alto nivel en países como Inglaterra, Alemania, EEUU, Francia, Suecia, Noruega y Japón, principalmente. Otro aspecto es la necesidad de aumentar la formación de calidad de un sector profesional numeroso, priorizando las ingenierías, las ciencias básicas (física, química y matemática) y la medicina y otras ciencias de la salud.

Como candidato a diputado que encabeza la lista por Caracas de la gran alianza alternativa, enfrentada al Polo Patriótico y a la MUD, impulsaré en la Asamblea Nacional la promulgación de una nueva Ley de Universidades y la reforma de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, de manera de convertirlas en instrumentos del desarrollo científico y tecnológico de la nación. Se rescatará la obligación de las grandes empresas, incluyendo a las del sector petrolero, de dedicar entre el 1 y el 3 por ciento de sus ingresos brutos a su propio desarrollo científico y tecnológico, eliminando el carácter de impuesto parafiscal en que la actual ley convirtió estas inversiones y garantizando que las mismas sean administradas por las instituciones de investigación científica, y que no se las utilice en el pago de la burocracia del ministerio respectivo, como hoy se hace, ni en proyectos de creación de empresas, que pueden ser muy importantes pero que deben ser financiados con recursos de otras fuentes, ya que no constituyen actividades de investigación científica y tecnológica.

El rescate y actualización de los laboratorios docentes y de investigación de todas las universidades, institutos y centros de investigación; el financiamiento de las labores de aquellos grupos académicos productivos de acuerdo a los patrones internacionales, la asignación de becas suficientes a los estudiantes graduados y el otorgamiento de sueldos a los investigadores y personal de apoyo según su formación y productividad, acordes con los patrones de remuneración internacional, tendrían que ser medidas complementarias indispensables para garantizar el éxito del programa y el consecuente despegue del subdesarrollo.

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